En un momento en que la inflación golpea el bolsillo de millones de panameños y la canasta básica de alimentos supera ya los $600 mensuales, el nombre de Anel Miranda se ha convertido en símbolo de la desigualdad: con un salario oficial de $5,400, el funcionario presume un Maserati Levante cuyo financiamiento ronda los $3,000 al mes —más de la mitad de sus ingresos— mientras muchos compatriotas luchan por cubrir necesidades esenciales.
El contraste que indigna
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), más del 40% de los hogares panameños destinan más del 50% de su salario a la compra de alimentos básicas, y el salario promedio nacional no supera los $800 mensuales. En ese contexto, el ostentoso vehículo de lujo de Miranda —cuyo valor de mercado supera los $100,000— se convierte en un reflejo de la creciente brecha socioeconómica.
“Es un insulto ver que con el dinero que yo gasto en un mes apenas logro alimentar a mi familia, mientras un funcionario vive como millonario”, expresa Rosa Rodríguez, vendedora ambulante en el Mercado de Abastos.
¿Impuestos al servicio de lujos privados?
La indignación ciudadana no se limita al costo del vehículo. Usuarios en redes sociales han denunciado que los impuestos que aportan todos los contribuyentes podrían estar financiando, directa o indirectamente, este tipo de adquisiciones inexplicables. Bajo el hashtag #TusImpuestosNoSonParaLujos, cientos de panameños demandan transparencia y responsabilidad fiscal.
“No pedimos que nadie se quede sin coche, sino que expliquen cómo un sueldo público alcanza para pagar un Maserati”, comenta Luis Gómez, ingeniero civil.
Voces de calle y redes sociales
Entre críticas y memes virales, la percepción general es de hartazgo. Mientras algunos defienden el derecho individual de Miranda a adquirir bienes privados, la mayoría coincide en que existe una falta de congruencia moral cuando el gasto personal de un funcionario público supera el ingreso promedio de una familia entera.
¿Qué dice la ley?
La Ley 23 de 2015 exige a todos los servidores públicos presentar declaraciones juradas de patrimonio y rentas, pero hasta la fecha no hay registros públicos que aclaren el origen de los fondos utilizados por Miranda para costear el Maserati. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público tienen ahora la responsabilidad de determinar si existe enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias.
El clamor por rendición de cuentas
Organizaciones civiles como Transparencia Panamá y ciudadanos comunes coinciden en una demanda clara: auditoría inmediata y publicación íntegra de las declaraciones patrimoniales de Anel Miranda. De no existir explicación legítima, piden sanciones ejemplares para sentar un precedente y restablecer la confianza en el manejo de los recursos públicos.
En un país donde el costo de la vida sigue al alza y la estabilidad económica es cada vez más esquiva para el panameño promedio, el lujo inexplicable de un funcionario público representa no solo una afrenta moral, sino una llamada urgente a la rendición de cuentas.
